El Escándalo de Subvenciones en Educación: Sacando Implicancias Obvias

POR: Francisco Gallego


La reciente discusión sobre las irregularidades detectadas en el pago de subvenciones educacionales genera una serie de implicancias sobre el diseño de políticas. En la discusión han aparecido opiniones de la forma “no podemos tener un inspector en cada colegio…”, y “con 33 inspectores no podemos controlar 2515 colegios”. Además en algunos círculos académicos y entre los sostenedores públicos y privados ha surgido la propuesta de que la subvención se pague no por asistencia efectiva (como se hace en la actualidad) sino que por matrícula. En mi opinión, tanto las opiniones de más arriba como la propuesta de reemplazar el sistema de pago son irrelevantes a la verdadera implicancia de primer orden de las irregularidades en el pago de las subvenciones: existen fallas fundamentales (y completamente remediables) en mecanismos básicos de control e implementación de nuestras políticas públicas en educación. Sin una solución en esta dimensión, ponernos como objetivo mejorar la calidad de la educación será una ilusión. Es como tratar de instalar el Windows Vista en un computador Sinclair Spectrum (que tenía yo hace 20 años atrás).
A diferencia de lo que se opina más arriba es perfectamente posible tener un sistema eficiente de control con 33 inspectores. De hecho un cálculo simple revela que si esos funcionarios se dedicaran a fiscalizar sólo un colegio diario, la probabilidad de que un colegio recibiese una vista aleatoria –otro mecanismo básico de control, no sirven las visitas anunciadas—en cada semana es 6.5%, o es equivalente a recibir una visita cada 3 semanas. Ese es un número alto y que refleja el hecho que no puede ser falta de fiscalizadores el origen de parte de las irregularidades.
Mucha investigación en economía sugiere que para desincentivar la ocurrencia de crímenes (como el robo de recursos públicos) no es necesario que la probabilidad que el delincuente sea sorprendido sea 1. Lo que se requiere es que el delincuente sepa que se le puede sorprender con probabilidad mayor a 0 y en ese evento tendrá que pagar un castigo. Por ejemplo, con los números que presento más arriba, si los agentes son neutrales al riesgo, basta con decir que por cada subvención falsa el que sea sorprendido deberá pagar una multa de cerca de 15 subvenciones . Si los agentes son aversos al riesgo, la multa debiese ser más baja aún y si los fiscalizadores visitaran 2 colegios al día, bastaría con que la multa fuese algo menos de 7 subvenciones por cada subvención falsa.
El origen de las irregularidades más bien parece estar en la ausencia de fiscalizaciones efectivas y eficientes. El hecho que un número no trivial de alumnos –al menos 50.000—presente doble matrícula refleja exactamente este punto. Esto es un control básico de costo cercano a 0: ¡poner un computador a decirme que hay un mismo alumno en dos colegios! Así uno podría pensar en que con los mismos 33 fiscalizadores se diseñara un procedimiento con fiscalizaciones aleatorias, moderno en que incluso uno pudiera pensar en que existan lectores de huellas digitales de los alumnos en línea. Pero sospecho que movernos a este sistema requiere un cambio de mentalidad más profunda en el modo en que implementamos las políticas públicas en educación. No es claro para mi que los detalles de las propuestas de Superintendencia existentes garanticen esto.
Sin una reforma de este tipo no tiene mucho sentido existan altas probabilidades de éxito de pasar de un sistema de subvención por asistencia a por matrícula. De hecho los alumnos doblemente matriculados no tendrían por qué desaparecer ni tampoco la inflación de alumnos. Más aún cuando se propone que la subvención por matrícula se pague sobre un mínimo de calidad (propuesta teóricamente razonable), cosa que es infinitamente más difícil de fiscalizar que revisar la asistencia de alumnos. A mi me parece que es mucho más razonable mantener el esquema actual de subsidio por asistencia (que es como un Windows nuevo pero no de última generación) pero hacerlo en un contexto de procesos de fiscalización modernos (para poder correr el Windows en un computador que sea capaz de sacarle el mejor provecho posible).