Evidentemente no es popular ponerle palitos en la rueda a quienes están tratando de solucionar el "condoro" (por usar un término "político") del Transantiago. Pero en estos días han salido dos cartas en El Mercurio que me parecen intelectualmente muy estimulantes:
Una de don Benjamín Jordán A, abogado, cuestiona la legalidad de que el Estado realice nuevas actividades empresariales no autorizadas por la ley. Si se observan los comentarios (y estoy seguro de que si se hace una encuesta el resultado será el mismo) a la mayoría le importa un rábano el estricto cumplimiento de la legalidad con tal de que se solucione el problema a la brevedad posible. Pero cabe preguntarse si ello resulta coherente con una mirada de largo plazo de lo que debe ser la institucionalidad en un país que pretende funcionar más o menos ordenadamente. Creo que el precedente es peligroso, particularmente porque nuestra Constitución contempla "estados de excepción" que permiten abordar este tipo de soluciones, pero hasta donde sé no han sido invocados.
La segunda es del profesor Jorge Niño y se pregunta quién está evaluando desde el punto de vista social las decisiones que se están tomando. Evidentemente hay un análisis marginal que se debe hacer y no es conocido por nadie... de hecho ni siquiera por las autoridades. Pero sospecho que las alternativas "sin proyecto" como diría Fontaine son: a) Esperar el estallido social, tal vez mitigado gracias a un par de medidas parche: si no llega, el tema pasa piola y otra vez hemos estafado a las familias de Santiago.
b) Para evitar estallido social se vuelve a las micros amarillas: en ese caso habría que conocer el costo de finiquitar los contratos (¿Qué pasa si el Estado compra las micros asumiendo las deudas de las empresas privadas y posteriormente las "revende" a los operadores de los recorridos tradicionales o a quienes tomen los recorridos de un futuro Transantiago II?).
Y el escenario con proyecto es seguirle metiendo plata al Transantiago, incluso hasta el punto en que "ex-post" resulte un proyecto no rentable socialmente comparado con la situación "micro amarilla" pero más barato que las alternativas sin proyecto dado que el escenario "9 de febrero" no existe. En este caso los estafados son todos los contribuyentes del país que van a financiar un proyecto malo.
Una de don Benjamín Jordán A, abogado, cuestiona la legalidad de que el Estado realice nuevas actividades empresariales no autorizadas por la ley. Si se observan los comentarios (y estoy seguro de que si se hace una encuesta el resultado será el mismo) a la mayoría le importa un rábano el estricto cumplimiento de la legalidad con tal de que se solucione el problema a la brevedad posible. Pero cabe preguntarse si ello resulta coherente con una mirada de largo plazo de lo que debe ser la institucionalidad en un país que pretende funcionar más o menos ordenadamente. Creo que el precedente es peligroso, particularmente porque nuestra Constitución contempla "estados de excepción" que permiten abordar este tipo de soluciones, pero hasta donde sé no han sido invocados.
La segunda es del profesor Jorge Niño y se pregunta quién está evaluando desde el punto de vista social las decisiones que se están tomando. Evidentemente hay un análisis marginal que se debe hacer y no es conocido por nadie... de hecho ni siquiera por las autoridades. Pero sospecho que las alternativas "sin proyecto" como diría Fontaine son: a) Esperar el estallido social, tal vez mitigado gracias a un par de medidas parche: si no llega, el tema pasa piola y otra vez hemos estafado a las familias de Santiago.
b) Para evitar estallido social se vuelve a las micros amarillas: en ese caso habría que conocer el costo de finiquitar los contratos (¿Qué pasa si el Estado compra las micros asumiendo las deudas de las empresas privadas y posteriormente las "revende" a los operadores de los recorridos tradicionales o a quienes tomen los recorridos de un futuro Transantiago II?).
Y el escenario con proyecto es seguirle metiendo plata al Transantiago, incluso hasta el punto en que "ex-post" resulte un proyecto no rentable socialmente comparado con la situación "micro amarilla" pero más barato que las alternativas sin proyecto dado que el escenario "9 de febrero" no existe. En este caso los estafados son todos los contribuyentes del país que van a financiar un proyecto malo.
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